Fortalecimiento de Leyes Ambientales para contribuir en la mitigación del Cambio Climático
En el marco de sus atribuciones y competencias, la ...
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El Senador Blas Lanzoni, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), presidió esta mañana una mesa tripartita de la que participaron representantes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), además de poseedores de Certificados de Servicios Ambientales (CSA), para buscar mecanismos que faciliten la aplicación de la Ley N° 3.001 “De valoración y retribución de los servicios ambientales”.
Esta mesa fue convocada por el Senador Blas Lanzoni en respuesta a las inquietudes planteadas ante la Comisión por poseedores de CSA, quienes sostienen que se dan varias situaciones que desvirtúan el espíritu de la ley.
En ese sentido, el señor Félix Rolón, poseedor de CSA por parte de la firma María Ubalda, dijo que las actuales exigencias en los pliegos de licitación de instituciones como el MOPC, les dificultan el cobro de los certificados.
También mencionó que existe duplicación en cuanto a requerimientos y documentaciones entre el MADES y el MOPC.
Agregó que, si bien el MOPC debe adquirir los CSA para compensar los impactos de las obras públicas, incumplen con la exigencia de adquirir el 1% del valor de la obra porque en la Adenda de ampliación de monto de contrato no se incluye la ampliación de adquirir Certificados.
En tanto el ex Diputado Francisco Rivas, de la firma Agroindustrial Chololó, señaló que fue uno de los proyectistas de la Ley 3001, creada con el espíritu de contribuir a la conservación de los bosques nativos, pero que dicha tarea se dificulta por distintas razones burocráticas, por lo que solicitó la agilización de los trámites y unificación de criterios entre las instituciones involucradas.
Los representantes del MOPC, encabezados por la señora Mirta Medina, directora de Gestión Ambiental, explicaron que los pliegos de licitación adoptados en su momento contienen las condiciones y resultados requeridos sobre los planes de conservación presentados por los poseedores de CSA, que estos deben observar en cada etapa para poder recibir los pagos correspondientes.
Mas que nuevos requisitos, se están pidiendo informes puntuales que demuestren o expliquen los avances o retrocesos en los planes de conservación conforme el pliego de licitación, señaló.
Cabe acotar que la Ley 3001 tiene por objetivo “propiciar la conservación, la protección , la recuperación y el desarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a través de la valoración y retribución justa, oportuna y adecuada de los servicios ambientales”.
Los representantes de la DNCP, encabezados por el Director, Sr. Pablo Seitz, dijeron estar abiertos a facilitar todos los trámites licitatorios, citando la modalidad “acuerdo nacional” que viene siendo aplicada con otros sectores productivos. Destacaron que este es un tema de sumo interés para impulsar en el proceso de compras públicas sustentables, de importancia social y ambiental.
La representante del MADES, Nélida Rivarola, directora de Servicios Ambientales, señaló que existe mucha apertura para trabajar con el MOPC y que gradualmente se va fortaleciendo la aplicación de la ley 3001, que es una normativa compleja.
Refirió que gracias a ello, el país está siendo beneficiado a nivel internacional, mediante fondos destinados a pagos por resultados en materia de conservación de bosques. Añadió que también se piensa incluir al agua en esta modalidad.
El Senador Lanzoni, quien ofició de mediador entre las partes, propuso un trabajo coordinado entre las instituciones, a fin de hallar una salida viable y práctica, que ayude a mejorar y potenciar la aplicación de esta importante ley.
Además de los arriba citados, estuvieron presentes en esta reunión: Alejandra Méndez, Lourdes Campos, Ruth González y Arturo Aguilera (MOPC); Liz Centurión (DNCP); Manuel Almada (Estancia Entre Ríos); así como funcionarios de la CONADERNA y del despacho Legislativo del Senador Lanzoni.
