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ENCAMINAN TRABAJO INTERSECTORIAL PARA UNA PROTECCIÓN EFICAZ DEL PARQUE SAN RAFAEL


Martes 15 de Diciembre de 2020
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El Senador Juan Afara, Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (CONADERNA), acompañado de su colega Gilberto Antonio Apuril, Relator de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, mantuvo una reunión de trabajo en el Departamento de Itapúa, de la que participaron autoridades institucionales, representantes de Comunidades Indígenas, de organizaciones ambientales, así como propietarios de inmuebles que forman parte de la Reserva para Parque Nacional San Rafael.

El objetivo del encuentro fue analizar la situación por la que atraviesa el área protegida –que viene siendo afectada por invasores, tala de árboles y extracción de rollos de madera, quemas y plantaciones ilícitas, entre otros- y encaminar mecanismos legales y soluciones de fondo ante esta problemática que afecta, además, a las Comunidades Indígenas, así como a los propietarios de inmuebles privados asentados dentro de los límites del parque.

El punto de encuentro fue la Estancia La Belga / Parex S.A. donde además de los legisladores acudieron el Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible - Mades, Ariel Oviedo, y equipo técnico, además de los señores Basilio Franco, asesor jurídico del Instituto Nacional del Indígena- INDI, y Pedro Galli Romañach, presidente de la Asociación Rural del Paraguay- ARP.

Igualmente estuvieron presentes los fiscales ambientales Erico Avalos y Raquel Bordón.

Otras instituciones presentes a través de sus representantes fueron el Instituto Forestal Nacional- Infona, Instituto Rural y de la Tierra- Indert, Secretaría Nacional Antidrogas – Senad, Fuerzas Militares, Policía Nacional.

Se sumaron a este encuentro representantes de las Gobernaciones de Itapúa y de Caazapá.

También estuvieron representados los nativos de las Comunidades Arroz Tengue, Agosto Poty y Jukerí, propietarios de unas 4.300 hectáreas que les fueron otorgadas por ley de la Nación, dentro del Parque San Rafael.

Los propietarios de inmuebles ubicados dentro del área del parque hicieron escuchar sus reclamos, remarcando las constantes invasiones de personas que dicen ser campesinos sin tierra, los cuales ingresan al área protegida para deforestar ilegalmente, extraer rollos, elaborar carbón y, finalmente, plantar marihuana, todo lo cual afecta irreversiblemente el ecosistema del lugar.

Los nativos, por su parte señalaron que los invasores los acosan en su mismo territorio comunal y que incluso causan incendios para hacerlos huir y abandonar su comunidad.

En ambos casos solicitaron mayor firmeza de las autoridades e instituciones responsables para aplicar la ley en todo su rigor contra los promotores y causantes directos de los mencionados delitos.

Representantes de las organizaciones ambientales que trabajan por la conservación del Parque, como Procosara y WWF, mencionaron la necesidad de flexibilizar la categoría aplicada al Parque San Rafael, adecuándola a la realidad actual.

Así, mencionaron la propuesta de establecer tres categorías para el manejo del área, como ser: Parque Nacional, Territorio Indígena, y Reserva de Recursos Manejados.

Apelaron a la voluntad política para viabilizar estas consideraciones y solicitaron asimismo reactivar el denominado Comité de Gestión intersectorial de la reserva para Parque Nacional San Rafael, la cual en su momento venía desarrollando un trabajo técnico muy efectivo para la concreción de una mayor protección al área en cuestión.

Por su parte el titular del Mades dijo estar abierto a la propuesta y puso a disposición la sede ministerial para iniciar los trabajos con todos los sectores interesados en formar parte  del Comité.

El senador Afara cerró el encuentro destacando el espíritu de diálogo de los distintos sectores y animó a superar los desafíos relacionados muchas veces con la falta de recursos financieros o humanos para afrontar las acciones necesarias.

“Vamos a reactivar el Comité de Gestión. No hay fondos, igual se hacen las cosas. Quiero pedir al Senado, a la Policía Nacional, hacer un trabajo fuerte. Si no hay recursos debemos hablar”, expresó.

Remarcó además que el cultivo y tráfico de marihuana desde la reserva natural es un tema delicado, pues afecta a las comunidades aledañas y destruye la vida de muchas personas.

“Le pido al jefe de policía de Itapúa que haga llegar informe de lo que sucede. Que la Senad haga su plan de acción. Necesitamos redoblar esfuerzos, esto es muy peligroso y delicado”, significó.

Instó a los indígenas y propietarios de inmuebles a cruzar la información disponible sobre los presuntos criminales y organizaciones delictivas que operan desde el Parque, de manera a encontrar el camino para las soluciones de fondo.

“A la fiscalía, sé que faltan recursos, esto y lo otro, pero vamos a prestar, vamos a deber si debemos hacerlo. Apelo a la voluntad de todos para resolver los problemas”, enfatizó el legislador.

 

VISITA A COMUNIDADES NATIVAS

Concluida la reunión, el senador Afara y la comitiva interinstitucional se trasladó hasta un área boscosa para visualizar de primera mano la situación actual de la masa boscosa del Parque San Rafael.

Posteriormente, visitó las Comunidades Indígenas Arroz Tegue, Agosto Poty, y Jukeri, a fin de verificar in situ de las condiciones de vulnerabilidad de estos núcleos nativos a consecuencia de la quema padecida en sus propiedades.

Asimismo, se trabajará en propuestas de implementación de proyectos sostenibles de desarrollo con la Comunidad.

En cada lugar, se procedió a la donación de kits de alimentos donados por la Embajada de Qatar en nuestro país.

 

**La reserva para Parque Nacional San Rafael está ubicada entre los Departamentos Itapúa y Caazapá. Con una superficie de 73.000 hectáreas (730 km²), es el mayor fragmento intercomunicado del originario Bosque Atlántico del Alto Paraná en Paraguay. San Rafael es el ámbito natural de numerosas especies singulares de la flora y la fauna, pero también de las comunidades de los indios Mby´a, habitantes autóctonos que aún viven de forma parcialmente tradicional. En el año 1992, el gobierno declaró oficialmente la región como zona de reserva, sin embargo, ante la falta de medios financieros para comprar las tierras a los propietarios particulares y así conformar el parque nacional, la categoría fue rebajada a reserva de recurso manejados.

 

 

 

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